San Diego, CA – El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incluido al condado de San Diego en su nueva lista de “Jurisdicciones Santuario”, señalando a gobiernos locales que, según la agencia, obstaculizan la aplicación de las leyes migratorias federales.
Esta clasificación forma parte de la Orden Ejecutiva 14287, firmada en abril por el presidente Donald Trump, con el objetivo de reforzar la cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria. La orden también permite al Gobierno Federal identificar a aquellos lugares que se niegan a colaborar.
En el caso específico de San Diego, el señalamiento se debe a que la Oficina del Alguacil limitó su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), argumentando que está cumpliendo con la ley estatal SB 54, la cual restringe el uso de recursos locales para funciones migratorias, salvo en ciertos casos.
Líderes locales y defensores de migrantes consideran que esta designación representa una amenaza más para las comunidades vulnerables.
La supervisora del Distrito 1, Paloma Aguirre, calificó la medida como “otra herramienta de intimidación” que genera ansiedad y temor en comunidades migrantes.
Aguirre también recordó que California es un estado santuario por ley, lo cual impide que agencias locales utilicen recursos para asistir en la aplicación de leyes migratorias federales.
Desde otro ángulo, hay funcionarios que respaldan una mayor colaboración con el Gobierno Federal. Es el caso del alcalde de El Cajón, Bill Wells, quien ha señalado que su ciudad no se considera santuario y que sí coopera con ICE. Aseguró que esa postura ha sido reconocida por la Administración Trump, lo que según él ha resultado en una menor presencia de agentes migratorios en su comunidad.
¿Qué puede pasar ahora?
Aunque ser catalogado como “Jurisdicción Santuario” no implica sanciones automáticas, sí podría justificar recortes de fondos federales o aumentar la vigilancia por parte de agencias como ICE.
Paloma Aguirre advirtió que esta administración ya está implementando recortes que afectan directamente a las familias más vulnerables, como los relacionados con programas como Medicaid y SNAP (asistencia alimentaria).
Este nuevo conflicto revive el debate sobre hasta qué punto los gobiernos locales deben colaborar con el Gobierno Federal en temas migratorios, especialmente cuando los derechos civiles y el debido proceso están en juego.
