San Diego, CA – California y otros 20 estados, junto con Washington D.C., presentaron una demanda federal contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), luego de que la agencia exigiera a los estados entregar datos personales de todos los beneficiarios del programa de asistencia alimentaria SNAP, conocido como CalFresh en la entidad.
“Estamos demandando al Departamento de Agricultura de Estados Unidos por exigir que revelemos datos profundamente personales de cada solicitante y beneficiario del programa de asistencia nutricional suplementaria, también conocido como SNAP, en nuestro estado, y por amenazar con retener los fondos si no cumplimos”, señaló el fiscal general de California, Rob Bonta.
USDA estableció como fecha límite el 30 de julio de 2025 para entregar la información. De no hacerlo, los estados podrían perder fondos clave para la administración del programa, lo que encendió las alertas en distintas jurisdicciones. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito del Norte de California y solicita una orden judicial para detener esta exigencia de forma inmediata.
En el condado de San Diego, más de 400 mil personas están inscritas actualmente en CalFresh, de acuerdo con cifras de Feeding San Diego. La organización explicó que el programa ya recopila datos personales de los solicitantes, como nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social, direcciones y comprobantes de ingreso, exclusivamente para verificar su elegibilidad.
La nueva exigencia del USDA busca recolectar esa misma información y más de todas las personas que han recibido SNAP desde el año 2020, bajo el argumento de prevenir fraude y abuso. Sin embargo, activistas advierten que esto podría generar temor en comunidades vulnerables, especialmente migrantes, que podrían dejar de solicitar la ayuda por miedo a que su información sea utilizada con otros fines.
Organizaciones de derechos humanos advierten que muchas de las personas que dependen de este beneficio son familias en situación de alta necesidad, y que restringir el acceso por miedo o desconfianza puede agravar su situación.
El fiscal Bonta también cuestionó la intención del Gobierno Federal, señalando que a los beneficiarios de SNAP se les prometió que su información solo sería usada para verificar su elegibilidad, no para otros fines.
“No ayudas a alguien a comer para luego castigarlo por sentarse a la mesa. En California no vamos a cumplir con eso; en cambio, estamos llevando a Trump a los tribunales, una vez más”, declaró el fiscal Bonta.
