San Diego, CA – Esta semana, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó, con una votación de tres a uno, una resolución que busca presionar al Gobierno Federal para que tome medidas enérgicas contra México por la contaminación del Río Tijuana.
La resolución pide al Congreso que apruebe legislación para responsabilizar a México por no prevenir la contaminación de aguas residuales.
Sin embargo, el supervisor Jim Desmond, quien propuso la resolución, votó en contra, argumentando que la versión final era demasiado suave y que no responsabilizaba directamente a México. Desmond afirmó que la resolución necesitaba medidas más fuertes para obligar a México a solucionar la crisis de aguas residuales.
Las supervisoras Terra Lawson-Remer y Mónica Montgomery Steppe expresaron preocupación de que la versión original de la iniciativa fuera demasiado amplia y que pudiera interpretarse como retórica anti-México. Lograron que se omitieran de la resolución las sanciones económicas, aranceles y la limitación de la actividad de cruce fronterizo. También se excluyó una petición al presidente Donald Trump para utilizar órdenes ejecutivas para hacer cumplir los requisitos del tratado.
Mario López, analista político, comentó que entiende la frustración debido al tiempo que ha tardado México en realizar mejoras en la infraestructura de agua, pero advirtió que las expresiones fuertes no ayudan a resolver el problema. López sugirió que sería más eficiente que el supervisor diera seguimiento a los compromisos ya hechos por el gobierno estadounidense con el mexicano.
La comunidad de Imperial Beach exige una solución rápida a este problema. Una residente, Luisa Corredor, expresó que ambos gobiernos deben trabajar juntos y cumplir sus responsabilidades para el bienestar de la gente. Otro residente mencionó que el olor de la contaminación es desagradable y afecta su calidad de vida.
A pesar de las divisiones sobre la mejor manera de abordar el problema, todos coinciden en que la contaminación del Río Tijuana es un tema urgente que requiere atención inmediata. La resolución aprobada es vista por algunos como un primer paso, mientras que otros creen que se necesita una acción más contundente.
