El Cajon, CA — La ciudad de El Cajón presentó una demanda contra el fiscal general de California, Rob Bonta, cuestionando la constitucionalidad de la política estatal de santuario en un tribunal federal.
La demanda, presentada el mes pasado, fue acompañada este jueves por una solicitud de orden judicial preliminar para suspender la aplicación de la ley estatal mientras el caso avanza en los tribunales.
El caso se centra en la ley estatal SB 54, conocida como la California Values Act, aprobada en 2017, la cual limita la cooperación de las fuerzas del orden locales con autoridades federales de inmigración, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El alcalde de El Cajón, Bill Wells, argumentó que la legislación coloca a los oficiales en una posición legal conflictiva.
“Cada vez que nuestros oficiales salen a la calle, están violando la ley federal o están violando la ley estatal”, dijo Bill Wells.
Wells sostuvo que la ciudad busca una aclaración judicial sobre qué ley debe prevalecer.
“Simplemente estamos pidiendo a la corte que intervenga y diga quién tiene la razón. Ambas partes no pueden tenerla. Una de las dos está equivocada y es necesario que se tome una determinación”, dijo Wells.
La demanda fue presentada en la Corte Superior del Condado de San Diego y cuenta con el respaldo del America First Policy Institute, un grupo de análisis conservador alineado con el presidente Donald Trump.
La organización sostiene que el caso plantea una cuestión constitucional sobre la jerarquía de las leyes.
“Esta demanda es fundamentalmente una cuestión de derecho constitucional. ¿Qué ley prevalece sobre cuál? La ley debe imponerse”, dijo Leigh Ann O’Neill, representante del grupo.
El caso también cuestiona la SB 54, la cual prohíbe en gran medida a las agencias locales utilizar recursos para hacer cumplir leyes federales de inmigración.
“La SB 54, especialmente, está en el centro de este caso. Estas leyes colocan a los oficiales de policía en una situación completamente insostenible”, dijo O’Neill.
Si el tribunal concede la orden judicial preliminar, la aplicación de la SB 54 quedaría suspendida mientras continúa el litigio.
“Si se concede la orden, habría una prohibición. La oficina del fiscal general no podría hacer cumplir la SB 54 mientras el litigio esté en curso”, dijo O’Neill.
Por su parte, una líder comunitaria de la organización Yo Soy El Cajón criticó la postura del alcalde y afirmó que la medida genera temor entre residentes inmigrantes.
“Ya pasamos por esto, lo peleamos, y la policía sabe muy bien cuáles son las leyes y cuáles tienen que seguir”, dijo Violet, líder comunitaria.
Violet agregó que las acciones del gobierno local afectan la vida cotidiana de la comunidad inmigrante.
“Las calles están vacías. Los negocios están cerrando. A veces los niños no quieren ir a la escuela”, dijo.
La oficina del fiscal general de California no ha emitido comentarios sobre la demanda hasta el momento.
