San Diego, CA – Una nueva medida impuesta por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) exige a ciertos negocios en zonas fronterizas reportar todas las transacciones en efectivo mayores a $200. La norma, que entró en vigor el 14 de abril, ha causado gran preocupación entre pequeños comerciantes que temen perder a sus clientes o incluso irse a la quiebra.
Anteriormente, el límite federal de reporte era de $10,000. Ahora, esta orden aplica únicamente a negocios de servicios financieros ubicados en 30 códigos postales de la frontera suroeste del país, incluyendo varias zonas en los condados de San Diego e Imperial, California.
Códigos postales afectados en California:
Condado de San Diego
- 91910 (Chula Vista).
- 92101 (San Diego – Downtown).
- 92113 (San Diego – Barrio Logan).
- 92117 (San Diego).
- 92126 (San Diego).
- 92154 (San Diego – Otay Mesa).
- 92173 (San Ysidro).
Condado de Imperial
- 92231 (Calexico).
- 92249 (Heber).
- 92281 (Calipatria).
- 92283 (Felicity).
Esperanza Gómez, dueña de un pequeño negocio de servicios financieros en San Diego, ha presentado una demanda federal con el apoyo del Instituto para la Justicia. Afirma que la medida pone en riesgo su sustento y el de muchos otros en la misma situación.
“Los clientes ya no quieren venir porque no están dispuestos a entregar información privada para enviar dinero. Además, vamos a tener que contratar personal extra solo para llenar todo el papeleo que exige esta ley. Una sola transacción toma más de 15 minutos, y procesamos entre 50 a 100 por día. Esto me generará más gastos y menos ingresos, y podría llevarme a cerrar mi negocio”, comentó Gómez.
La demanda fue presentada en la Corte del Distrito Sur de California, bajo el argumento de que la orden de FinCEN estaría violando la Cuarta Enmienda de la Constitución, al tratar a todos los usuarios como sospechosos sin causa probable.
“El gobierno no puede investigarte sin una razón específica. Tiene que haber una causa para pensar que cometiste un delito. Esta orden está investigando a cualquier persona que use estos servicios como si fueran sospechosos solo por vivir en la frontera”, explicó una de las abogadas del caso.
La orden estará vigente al menos hasta el 9 de septiembre, pero podría extenderse o ampliarse a más zonas. Entre los datos que ahora deben recopilarse se incluyen fecha de nacimiento, número de Seguro Social o EIN, y domicilio del cliente.
