San Diego, California. Un informe sobre las condiciones de salud y seguridad en el Centro de Detención de Otay Mesa podría estar listo en las próximas tres semanas, luego de una inspección ordenada por un juez federal y realizada por autoridades del Condado de San Diego.
La revisión se llevó a cabo el pasado 12 de junio y duró cerca de ocho horas dentro de las instalaciones operadas por la empresa privada CoreCivic. El equipo de inspección estuvo integrado por funcionarios de Salud Pública y Salud Ambiental del condado, así como especialistas de la Comisión Nacional de Atención Médica Correccional.
Durante la evaluación se revisaron aspectos relacionados con las condiciones ambientales, la alimentación y la atención médica y de salud mental que reciben las personas detenidas en el centro.
La inspección se concretó después de varios meses de disputas legales entre el Condado de San Diego y las autoridades federales. El proceso comenzó en febrero, cuando las supervisoras del condado Paloma Aguirre y Terra Lawson intentaron ingresar a las instalaciones tras recibir denuncias sobre alimentos de mala calidad, bajas temperaturas y otras condiciones adversas reportadas por personas detenidas.
“Significa un paso importante de acceso; sin embargo, esperamos que el condado pueda ofrecer un diagnóstico o información sobre lo que implicó esa visita y cuáles fueron sus hallazgos”, señaló la activista Adriana Jasso.
De acuerdo con la supervisora del condado Paloma Aguirre, las denuncias también incluyen presuntos abusos y violaciones a derechos básicos.
“Hemos tenido reportes de abuso, reportes de violación de derechos básicos como acceso a comida limpia, acceso a sanidad y la posibilidad de comunicarse con sus familias”, afirmó.
Aunque inicialmente se permitió el ingreso de un funcionario de salud, las autoridades federales restringieron el acceso a información y entrevistas con personas detenidas. Esta situación llevó al condado a presentar una demanda federal.
Posteriormente, un juez federal determinó que el Departamento de Salud Pública del Condado de San Diego tenía la autoridad para realizar una inspección completa y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a CoreCivic cooperar con el proceso.
La resolución judicial también permitió que los inspectores entrevistaran a las personas detenidas que aceptaran participar, un elemento considerado clave para conocer de primera mano las condiciones dentro del centro.
Para organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, este caso podría sentar un precedente para facilitar inspecciones similares en otros centros de detención del estado.
“Esperamos que esta demanda y el acuerdo derivado de ella se conviertan en un camino a seguir para otros centros de detención donde la información y las inspecciones han sido negadas, a pesar de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos”, agregó Jasso.
Los resultados oficiales de la inspección podrían darse a conocer en las próximas semanas.
