En Baja California, la violencia familiar sigue en aumento y detrás de cada expediente hay historias marcadas por el miedo, la revictimización y la desesperación. Para muchas mujeres, denunciar no significa el fin de la violencia, sino el comienzo de una lucha que puede durar años, especialmente en casos que involucran procesos entre México y Estados Unidos.
Marlene Padilla es un ejemplo de esto, lleva nueve años buscando justicia después de denunciar a su ex esposo y padre de su hija por violencia doméstica, abuso sexual, sustracción de menores y violencia vicaria. La batalla legal y emocional ha dejado profundas heridas, recorriendo durante años distintas instituciones sin encontrar respuestas efectivas.
“Es matarte en vida”
“Fue un proceso en el que llegué a sangrarme los pies, buscando una instancia tras otra. Es algo que las madres que vivimos esto experimentamos: es matarte en vida, es quedarte sin fuerzas, es luchar contra un sistema corrupto y es levantarte diciendo que no te puedes rendir”, expresó Marlene Padilla, víctima de violencia.
Su caso refleja una problemática alarmante en Baja California, según especialistas y organismos ciudadanos.
Violencia familiar, uno de los delitos más denunciados
Actualmente, la violencia familiar es el segundo delito más denunciado en Baja California. Tan solo en Tijuana se presentan en promedio seis denuncias diarias por agresiones en el hogar. Organismos ciudadanos señalan que el incremento ha sido evidente en los últimos años y las estrategias implementadas no han logrado contener la problemática.
Crecimiento “desbordado”
“La violencia familiar ha tenido un crecimiento desbordado en los últimos cuatro años y poco se está haciendo al respecto. El tema de la violencia contra la mujer sigue sin atender las recomendaciones hechas en relación a la alerta de género”, indicó Roberto Quijano, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
Detrás de las cifras hay mujeres enfrentando procesos legales largos, complejos y en muchos casos sin resultados favorables. Activistas advierten que, además del desgaste emocional, muchas víctimas se enfrentan a sistemas burocráticos que las revictimizan.
Cuando la violencia cruza la frontera
En casos como el de Marlene, la situación se complica al denunciado encontrarse en Estados Unidos, dificultando la coordinación entre autoridades y el acceso a mecanismos de protección.
“La niña estuvo sustraída seis meses, desafortunadamente el gobierno mexicano no me brindó ayuda, tuve que pagar abogados en Estados Unidos, pero al no haber un convenio, la ley no pudo apoyarme completamente allá”, explicó Marlene.
La falta de acuerdos efectivos y mecanismos binacionales deja a muchas mujeres atrapadas entre distintos sistemas legales, asumiendo costos legales y enfrentando procesos lentos en su búsqueda de justicia.
Esperanzas en el convenio
Este viernes, las fiscalías de Baja California y San Diego firmarán un convenio de colaboración en materia de violencia doméstica. El objetivo es fortalecer la coordinación entre ambas jurisdicciones y mejorar la atención a víctimas con casos binacionales.
Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas mantienen reservas sobre la efectividad de estos acuerdos.
“Esperemos que este convenio no quede en papel como muchos tratados internacionales que México firma y no aplica”, advirtió Estefanía Plasencia, del Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo de la Infancia.
Mientras las autoridades anuncian nuevos
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