San Diego, CA- Un juez federal escuchó este miércoles los argumentos en la demanda presentada por el Condado de San Diego contra el Departamento de Seguridad Nacional, ICE y la empresa CoreCivic, en un caso que podría definir si autoridades locales pueden realizar inspecciones de salud pública dentro del Centro de Detención de Otay Mesa.
La demanda surge después de que supervisoras del condado intentaran ingresar al centro de detención en febrero para realizar una inspección bajo una nueva ley estatal de California, conocida como SB 1132. Sin embargo, aseguran que se les negó el acceso completo a las instalaciones.
Durante la audiencia, el juez indicó que está inclinado a otorgar una orden preliminar a favor del condado, aunque todavía faltan definir los términos exactos de la inspección.
El abogado del condado, Damon Brown, explicó que las partes tendrán varias semanas para negociar cómo se llevaría a cabo la inspección, quiénes participarían y cuáles serían los parámetros.
Las partes deberán regresar a la corte el próximo 27 de mayo para presentar esos acuerdos y posteriormente el juez podría emitir una decisión formal.
La supervisora del condado, Paloma Aguirre, aseguró que el condado tiene la autoridad legal para realizar este tipo de inspecciones y señaló que buscan revisar denuncias relacionadas con condiciones sanitarias, atención médica y acceso al aire libre dentro del centro.
“El objetivo es asegurarnos que las condiciones estén dentro del marco de la ley y proteger la salud pública”, dijo Aguirre.
Por su parte, CoreCivic aseguró en un comunicado que la seguridad, salud y bienestar de los detenidos es su prioridad y que el Centro de Detención de Otay Mesa ya es sometido regularmente a auditorías e inspecciones por parte de ICE y otras agencias federales.
La empresa también señaló que respetan el proceso judicial y que continuarán trabajando con el condado y el gobierno federal para llegar a una solución.
