EL CAJÓN, CA — La Ciudad de El Cajón envió una carta formal al fiscal general de California, Rob Bonta, cuestionando la legalidad de las leyes estatales de santuario, incluida la SB 54. El concejo municipal exige respuestas sobre cómo la postura del Estado concuerda con la ley penal federal.
En la carta, el alcalde de El Cajón señala que la ley federal tipifica como delito grave el hecho de alentar o inducir a alguien a residir ilegalmente en Estados Unidos. La carta argumenta que el conjunto de políticas de santuario podría violar la ley federal y que estas leyes restringen a la policía local de cooperar con las autoridades federales, limitando el acceso de ICE a lugares como escuelas y hospitales.
El alcalde Bill Wells declaró:
“SB 54 y leyes estatales relacionadas impiden que la policía local coopere con las autoridades federales de inmigración. Extienden beneficios gubernamentales independientemente del estatus legal. Crean incentivos económicos para que las personas permanezcan en California sin temor a la deportación. La ley federal es clara: si las políticas de santuario de California alientan a las personas a vivir aquí de manera ilegal, el estado necesita explicar cómo eso no viola la ley penal federal. Nuestros residentes merecen una respuesta directa.”
La acción ha generado debate entre residentes y activistas de la ciudad. Reina Campos, residente de El Cajón, dijo:
“Yo pienso que el señor quiere atención y ya es tiempo de que se retire. Pienso que solamente hablan por hablar y no están haciendo las cosas que de verdad son prioridad en la ciudad.”
Violeta, activista pro inmigrante en El Cajón, señaló:
“Está tratando de llamar la atención porque quiere otro cargo político. Yo creo que ya peleamos esta pelea. Es tiempo de enfocarnos en lo que está pasando en la comunidad y seguir trabajando en eso, en vez de enfocarnos en lo que ya es ley.”
La activista agregó que la ciudad debería concentrarse en problemas que enfrenta la comunidad, como la falta de vivienda.
En febrero de 2025, el concejo municipal aprobó una resolución que declara el intento de la ciudad de cumplir con las leyes federales de inmigración. Violeta añadió:
“He visto que están colaborando, aunque eso va en contra de la ley y no está bien. He estado en muchas redadas donde veo que la policía sí colabora.”
Desde entonces, los residentes han expresado que el temor ha aumentado y que acciones como esta carta solo generan más inseguridad. Reina Campos comentó:
“Aunque se niegue, sí hay colaboración. Me dio mucha tristeza porque hay mucha gente que solo sale a trabajar, a salir adelante. Vinimos a este país para mejorar, y es triste que se esté atacando a una comunidad que solo quiere trabajar.”
En la carta, la ciudad solicitó una respuesta por escrito antes del 22 de abril.
