Con la llegada del nuevo año, los inquilinos de California pueden respirar un poco más tranquilos gracias a nuevas leyes que refuerzan sus derechos y protegen contra posibles abusos. Entre estas reformas destaca la AB 2801, que exige a los propietarios tomar fotos del estado de una unidad de alquiler antes y después de un arrendamiento. Esta medida tiene como objetivo evitar abusos con los depósitos de seguridad y garantizar que los inquilinos no sean responsables de daños injustificados.
Rafael Batista, director del Sindicato de Inquilinos de San Diego, explica que esta ley busca proteger a los arrendatarios de prácticas comunes, como la retención indebida de depósitos. “Muy seguido nos habla la gente dejándonos saber que no les están regresando su depósito”, comenta. Además, Batista aconseja a los inquilinos que tomen la iniciativa y documenten el estado de la propiedad, ya que, como afirma, “nunca pueden confiar en que el otro lado vaya a hacer lo correcto”.
Un aspecto clave de estas reformas es la regulación de los aumentos de renta. En el último año, muchas propiedades de vivienda asequible en California aumentaron el alquiler hasta en un 25%. Ahora, la nueva ley establece un límite en los aumentos de renta: un 5% más la inflación, lo que proporciona un respiro a los inquilinos de viviendas asequibles.
Otro cambio importante es la AB 2347, que extiende de cinco a diez días el plazo para que los inquilinos respondan a un aviso de desalojo. Esta reforma busca evitar los desalojos automáticos que ocurren simplemente por no responder a tiempo. Según Batista, “esto es un paso muy crítico porque mucha gente no sabe sus derechos, no sabe dónde acudir. Cuando pasa esto, entra en una forma de crisis”, ya que no siempre tienen tiempo o la capacidad de responder en un plazo tan corto.
A estas reformas se suma la AB 2747, que obliga a los propietarios a ofrecer la opción de reportar los pagos de renta positivos a las agencias de crédito. Sin embargo, algunos arrendadores han expresado preocupaciones sobre los costos de implementación de esta medida.
Finalmente, para las víctimas de violencia doméstica, la SB 1051 permitirá solicitar un cambio de cerraduras a sus propietarios para garantizar su seguridad. Esta solicitud deberá ser atendida en un plazo máximo de 24 horas, y los propietarios serán responsables de cubrir los costos asociados.
