Tijuana, BC – En Baja California, el crimen organizado ha perfeccionado sus métodos de evasión. Uno de los más preocupantes es el “halconeo”, una práctica que consiste en vigilar, espiar e informar sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad para alertar a grupos criminales.
Esta táctica, que otorga al crimen organizado una ventaja operativa clave, aún no es considerada un delito en la legislación estatal, pero eso podría cambiar pronto.
“Es la actividad que realizan personas que le dan información al crimen respecto de las estrategias, las prácticas, los operativos que realizan las autoridades de seguridad. A estas personas se les llama ‘halcones’”, acotó el diputado de Baja California, Jorge Ramos
Los llamados “halcones” pueden utilizar desde cámaras hechizas y radios de comunicación, hasta intervenciones telefónicas o infiltración en grupos de seguridad para recopilar y transmitir esta información. En algunos casos, basta con una persona apostada en una esquina, enviando señales a través de su celular.
Consciente de la gravedad de esta práctica, el legislador Jorge Ramos presentó una iniciativa para tipificar el “halconeo” como delito en el Código Penal de Baja California. De ser aprobada, quienes sean sorprendidos realizando esta actividad podrían enfrentar entre tres y ocho años de prisión.
“Los medios a través de los cuales se puede hacer vienen detallados en la iniciativa: Cámaras hechizas, intervenciones telefónicas, infiltración en los grupos de coordinación, o simplemente en las esquinas mandando señales por radio”, añadió Ramos.
Una de las pruebas más contundentes de la amenaza del “halconeo” es el retiro de más de mil 600 cámaras de vigilancia colocadas ilegalmente en la vía pública en Tijuana, presuntamente por grupos criminales. Estas cámaras tenían como objetivo vigilar a las propias autoridades, anticipar sus movimientos y proteger las operaciones ilícitas.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respaldó la iniciativa y subrayó la urgencia de actuar.
“Esto demuestra la urgencia de actuar ante un problema que representa una amenaza directa para la seguridad pública”, dijo la mandataria estatal.
Por su parte, Juan José Pon, consejero jurídico del Gobierno del Estado, aclaró los límites de la propuesta.
“Si están dentro de tu domicilio es válido. Aquí lo que se va a sancionar es que estén en vialidades, vía pública, o que se encuentren dentro de inmuebles donde se preste un servicio público”, acotó Pon.
Esta propuesta contempla el “halconeo” como el primer eslabón dentro de las redes del crimen organizado, ya que lo considera una ventaja táctica para evadir la justicia.
Con esta iniciativa en la mesa, Baja California podría convertirse en uno de los estados pioneros en sancionar de forma clara y contundente el “halconeo“, fortaleciendo así su marco legal frente a los desafíos de la delincuencia organizada.
