San Diego, CA – El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra la Administración Trump por condicionar el financiamiento federal para la educación a que el estado elimine programas de diversidad, equidad e inclusión. De acuerdo con Bonta, la medida pone en riesgo más de 7.9 mil millones de dólares destinados cada año a servicios esenciales como la educación especial, el aprendizaje del inglés y el apoyo a estudiantes en situación vulnerable.
La acción legal surge luego de que el pasado 3 de abril, el Departamento de Educación emitiera un comunicado oficial en el que exige a los estados y distritos escolares certificar su cumplimiento con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en programas que reciben fondos federales.
A simple vista, esta exigencia parecería alinearse con el principio de igualdad. Sin embargo, California y otros 18 estados argumentan que la nueva interpretación del Gobierno Federal es confusa, contradictoria y carece de sustento legal. Según Bonta, la Administración Trump está utilizando la ley de derechos civiles como pretexto para obligar a los estados a abandonar programas que sí son legales y que ayudan a garantizar el acceso equitativo a la educación.
“Están usando nuestra ley de derechos civiles como pretexto para eliminar esfuerzos que promueven la inclusión, cuando en realidad esos programas están completamente alineados con el Título VI”, expresó Bonta durante una conferencia virtual.
Por su parte, la Administración Trump argumenta que estos programas de inclusión pueden convertirse en una forma de discriminación inversa. En entrevista con Noticias Univisión San Diego, el analista republicano Jesús Márquez explicó que el objetivo original del Título VI era proteger a las minorías, pero que actualmente se están otorgando beneficios o preferencias a ciertos grupos raciales sobre otros, lo que según él constituye una violación a la ley.
“Lo que está pasando en muchas escuelas, desde kínder hasta universidades, es que se están dando preferencias a grupos minoritarios como latinos o afroamericanos, por encima de estudiantes blancos. Eso también es discriminación”, dijo Márquez.
Agregó que el presidente Donald Trump ha prometido mano dura contra cualquier entidad educativa que viole este principio, y que las consecuencias podrían incluir la retención de fondos federales.
A pesar de estas advertencias, Bonta y la coalición sostienen que los programas de DEI no discriminan, sino que buscan cerrar brechas históricas y garantizar igualdad de condiciones para todos los estudiantes, especialmente aquellos más vulnerables.
“El impacto sería catastrófico si se pierden esos fondos”, advirtió Bonta, señalando que quienes más sufrirían serían los estudiantes de bajos recursos, los que necesitan educación especial o los que están aprendiendo inglés como segundo idioma.
La demanda está respaldada por los fiscales generales de 19 estados, incluidos Nueva York, Illinois, Nevada, Minnesota, entre otros.
