San Diego, CA – La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos reafirmó que la prohibición de clases de yoga en parques y playas de San Diego es inconstitucional, protegiendo así la enseñanza de esta práctica como un acto amparado por la Primera Enmienda. El Ayuntamiento había solicitado que el caso fuera reconsiderado por todos los jueces del circuito, pero la petición fue rechazada, consolidando el fallo a favor de los instructores.
La disputa comenzó después de que San Diego modificara una ordenanza sobre vendedores ambulantes, extendiendo la prohibición a otras actividades comerciales sin permiso, incluidas las clases de yoga con cuatro o más participantes. Los instructores Steven Hubbard y Amy Baack presentaron una demanda federal, argumentando que las autoridades municipales violaban sus derechos constitucionales al restringir la enseñanza de yoga en espacios públicos.
Según la corte, “la enseñanza de yoga es discurso protegido”, y el Ayuntamiento no presentó evidencia que demostrara cómo estas clases podrían afectar la seguridad o el disfrute de los parques y playas.
El fallo tiene implicaciones importantes para la libertad de expresión y el uso de espacios públicos. Establece que los municipios no pueden prohibir actividades educativas, culturales o recreativas sin una justificación concreta, reforzando los derechos fundamentales de los ciudadanos y de quienes enseñan y promueven estas prácticas. Además, crea un precedente legal que podría aplicarse a otras ciudades que intenten regular actividades similares en sus espacios públicos.
Para los instructores y los amantes del yoga, esta decisión garantiza que podrán continuar con sus clases al aire libre sin temor a sanciones arbitrarias, fomentando un entorno donde la práctica física y el bienestar personal se reconcilien con los derechos constitucionales. La Corte deja en claro que proteger la seguridad pública no puede convertirse en un pretexto para restringir la libertad de expresión y la enseñanza en espacios comunitarios.
Con esta resolución, San Diego se une a otras jurisdicciones que han tenido que equilibrar la regulación del espacio público con la protección de los derechos individuales, asegurando que actividades como el yoga sean accesibles, legales y respetadas en toda la ciudad.
