San Diego, CA – La historia de Diana Sánchez, una madre que perdió a su hija bajo custodia en 2022 en el Centro de Detención Las Colinas, pone de manifiesto una presunta problemática recurrente en los centros de detención. Lo que debería ser una detención temporal, a menudo, termina en una pérdida irreversible.
Aunque el caso de Sánchez ocurrió en un centro para adultos, su experiencia resuena con las preocupaciones sobre el sistema juvenil.
“Mi hija murió el año 2022. No le dieron tratamiento, no le dieron medicina, sufren mucho y no les hacen caso”, lamentó Diana Sánchez. Una demanda relacionada con su caso afirma que la muerte de su hija se debió a la falta de atención médica y a fallas sistémicas.
Este problema no es aislado. El año pasado, el condado de San Diego pagó 1.1 millones de dólares a la familia de un joven que sufrió una sobredosis en el Centro de Detención Juvenil en 2021, evidenciando las graves consecuencias de las deficiencias en el sistema.
La supervisora Mónica Montgomery Steppe ha sido una voz activa en la búsqueda de soluciones.
“No son solo estadísticas, son hijos e hijas, vecinos y amigos. Merecen dignidad básica y derechos constitucionales”, declaró Steppe, resaltando la urgencia de humanizar el trato a los jóvenes detenidos.
El lunes pasado, Montgomery Steppe propuso mejoras significativas al sistema, incluyendo otorgar más autoridad al Consejo de Supervisión para investigar muertes bajo custodia. La supervisora ha señalado una “falta de transparencia” en el sistema juvenil, donde los informes y hallazgos no se comparten públicamente.
Además, Steppe ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de los oficiales: “He escuchado numerosos informes de que los oficiales no desescalan las peleas. En su lugar, esperan y luego usan la fuerza, a veces gas pimienta. Este uso excesivo es inaceptable”, afirmó.
Para abordar lo que ella denomina una “crisis sistémica” en los centros de detención del condado, la creación de un subcomité de justicia juvenil es esencial, según Steppe.
En un esfuerzo por combatir esta problemática, en mayo, el fiscal general Rob Bonta anunció una investigación de derechos civiles sobre el trato de los jóvenes en estos centros. La investigación aún no ha concluido, pero se espera que arroje luz sobre las condiciones y prácticas dentro del sistema de detención juvenil.
La comunidad espera que estas acciones conduzcan a cambios significativos y que ninguna otra familia tenga que sufrir la pérdida de un ser querido debido a la supuesta negligencia o las fallas del sistema.
