La administración del presidente Donald Trump endureció los requisitos para quienes soliciten visas de turismo y negocios (B-1 y B-2), al hacer permanente un programa que exige una fianza de hasta 20 mil dólares a ciudadanos de aproximadamente 50 países.
Según el Departamento de Estado, la medida busca reducir el número de personas que permanecen en Estados Unidos después del vencimiento de sus visas. Sin embargo, organizaciones comunitarias y expertos en inmigración advierten que el nuevo requisito podría representar un fuerte obstáculo económico para miles de familias.
Entre los países incluidos en la medida se encuentran Cuba, Venezuela, Nicaragua y alrededor de 30 naciones africanas.
“Sabemos que es un ataque claro a la clase trabajadora, a nuestras comunidades y familias que trabajan”, afirmó Benjamin Prado, representante del Comité de Amigos.
La fianza servirá como una garantía económica para el gobierno estadounidense. Si el solicitante cumple con las condiciones de su visa y abandona Estados Unidos dentro del tiempo autorizado, el dinero será reembolsado.
El abogado de inmigración Alex Gálvez explicó que el objetivo es desincentivar que los visitantes permanezcan en el país más tiempo del permitido.
“No hay ninguna duda de que este presidente quiere poner más trabas para estos inmigrantes que están utilizando la visa de turismo para entrar a los Estados Unidos y asegurar que regresen cuando deberían regresar”, señaló.
De acuerdo con el Departamento de Estado, durante el programa piloto, esta política contribuyó a reducir en un 83% la emisión de visas en los países donde fue aplicada.
“Hay un vínculo entre tener que pagar una fianza para entrar con una visa de turismo y regresar cuando corresponde. Por esa razón estamos viendo que se implementa de manera permanente”, agregó Gálvez.
Hasta ahora, quienes solicitaban una visa B-1 o B-2 únicamente debían cubrir la tarifa consular de 185 dólares, además de otros gastos relacionados con el trámite. Con la nueva política, el costo para iniciar el proceso podría incrementarse de manera considerable.
“Añadirle otras tarifas más es básicamente intentar disuadir y socavar la habilidad de regularizar su estatus”, sostuvo Benjamin Prado.
