San Diego, CA – Recientemente, el asambleísta David Álvarez, acompañado de la fiscal del distrito Summer Stephan, presentaron y discutieron el Proyecto de Ley B-358, una propuesta destinada a reformar el acceso a la tecnología digital en la investigación de crímenes, particularmente aquellos relacionados con víctimas de abuso doméstico y acoso.
El proyecto busca permitir que oficiales del orden público e investigadores tengan acceso a dispositivos de comunicación, grabaciones de audio y otros sistemas de rastreo que las víctimas pudieran encontrar implantados en su propiedad. Esta reforma está diseñada con el objetivo de garantizar un proceso judicial más eficiente, proporcionando a las autoridades herramientas más ágiles para obtener evidencia crucial en las investigaciones.
Una de las reformas clave que incluye el Proyecto de Ley B-358 es la modificación a la Acta de Protección a la Privacidad de Aparatos de Comunicación, implementado en 2016. Esta acta, establecida para proteger los derechos de los ciudadanos, ha sido visto como un obstáculo para las autoridades en ciertos casos, pues actualmente requieren una orden de cateo para acceder a los dispositivos de comunicación de posibles víctimas.
El asambleísta Álvarez argumenta que la falta de acceso rápido a estos dispositivos ha ocasionado retrasos en las investigaciones y, en algunos casos, la imposibilidad de obtener pruebas suficientes para procesar a los sospechosos.
En sus declaraciones, el asambleísta Álvarez destacó que, en algunos casos, los sospechosos pueden borrar evidencia crucial o continuar distribuyendo imágenes o grabaciones de personas sin su consentimiento.
“Puede suceder que la persona pueda borrar evidencia o que pueda seguir manteniendo esas imágenes. Tal vez si son imágenes de alguien muy personales, y pueden seguir circulando en internet sin saber quién las está publicando”, expresó el asambleísta.
Según la fiscalía, ha sido frustrante que, en diversas ocasiones, las víctimas les soliciten revisar los dispositivos que encontraron en sus propiedades, los cuales podrían contener evidencia de espionaje o de otros delitos, pero que por ley no pueden ser examinados sin una orden judicial.
El Proyecto de Ley B-358 ya fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Seguridad Pública del Estado, sin votos en contra. Se espera que el proyecto continúe su tramitación en la Asamblea del Comité de Privacidad la próxima semana.
Este proyecto de ley genera un debate importante sobre el equilibrio entre la protección de la privacidad y la necesidad de las autoridades para acceder a tecnología crítica en investigaciones criminales.
