San Diego, CA – El presidente Donald Trump ha generado controversia una vez más tras anunciar en su red social Truth Social que instruyó al Departamento de Comercio a comenzar de inmediato la preparación de un nuevo censo nacional que, según sus palabras, sea “altamente preciso y basado en hechos actuales”, excluyendo del conteo a los migrantes indocumentados.
La propuesta, aunque aún no oficializada, ha generado fuertes críticas entre expertos, funcionarios y defensores de derechos de los migrantes, quienes advierten sobre sus posibles consecuencias políticas, económicas y sociales.
“Todas las personas deben ser contadas sin importar su estatus migratorio”, dijo Dr. Alfredo Cuéllar, analista político.
De acuerdo con el Dr. Cuéllar, la Constitución de Estados Unidos establece que el censo debe incluir a todas las personas que residen en el país, sin importar si tienen o no documentos migratorios. Excluir a los migrantes indocumentados del conteo oficial, argumenta, alteraría la representación política, ya que la distribución de escaños en el Congreso se basa en la población total de cada estado.
Uno de los estados que podría verse más afectado es California, debido a su numerosa población migrante. Con un censo alterado, el estado correría el riesgo de perder representación en el Congreso y recibir menos recursos federales.
La supervisora del Distrito 1 del Condado de San Diego, Paloma Aguirre, recordó que el presidente Trump ya había intentado una medida similar en el pasado, pero fue bloqueada por la Corte Suprema en 2019 por considerarse inconstitucional.
“Nosotros dependemos del censo para distribuir recursos esenciales como cobertura médica y programas para familias vulnerables. Esto es una maniobra política para tener ventaja y redistribuir distritos”, aseveró Aguirre.
Por su parte, activistas como Pedro Ríos, del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, aseguran que esta propuesta no solo perjudica a la comunidad migrante, sino a toda la población, ya que muchos programas sociales federales utilizan datos del censo para definir presupuestos.
“Estamos hablando de fondos para escuelas, servicios médicos y programas sociales. Si los números no reflejan la realidad, los servicios no alcanzarán”, acotó Aguirre.
¿Qué sigue?
Aunque el anuncio del presidente Trump no representa una política oficial, ya que no ocupa actualmente un cargo en el gobierno, sus declaraciones han encendido alarmas entre organizaciones que luchan por una representación justa. Si esta idea avanza y llega a influir en futuras decisiones políticas o legislativas, podría desencadenar nuevas batallas legales en torno a la constitucionalidad del censo.
