San Diego, CA – Corporation for Public Broadcasting (CPB) es una corporación sin fines de lucro privada autorizada por el Congreso en 1967. Desde entonces se ha encargado de administrar la inversión federal a los medios públicos, NPR y PBS. Quienes reciben aproximadamente 500 millones de dólares al año.
Sin embargo, una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump le pone fin a ese subsidio.
La orden detalla que la financiación gubernamental de los medios de noticias en este entorno no sólo es anticuada e innecesaria, sino corrosiva para la apariencia de independencia periodística.
Además, la orden dice que CPB no siguió los principios de equidad e imparcialidad que sustentan su función pública. Afirmando, según la orden, que ni NPR o PBS presentan un retrato justo, preciso o imparcial de la actualidad a los ciudadanos que pagan impuestos.
La presidenta de CPB, Patricia Harrison declaró: “CPB no es una agencia ejecutiva federal sujeta a la autoridad del presidente. El Congreso autorizó y financió directamente a la CPB para que fuera una corporación privada sin ánimo de lucro totalmente independiente del Gobierno Federal. Al crear la CPB, el Congreso prohibió expresamente a cualquier departamento, agencia, funcionario o empleado de Estados Unidos ejercer cualquier dirección, supervisión o control sobre la televisión educativa o la radiodifusión, o sobre CPB o cualquiera de sus concesionarios o contratistas”.
En un comunicado, la presidenta de PBS, Paula Kerger, comentó: “La orden ejecutiva descaradamente ilegal del presidente, emitida en medio de la noche, amenaza nuestra capacidad de servir al público estadounidense con programación educativa, como lo hemos hecho durante los últimos 50 años. Actualmente estamos explorando todas las opciones para permitir que PBS continúe sirviendo a nuestras estaciones miembros y a todos los estadounidenses”.
Asimismo, la presidenta de NPR, Katherine Maher, también respondió a la orden ejecutiva a través de un comunicado. Maher dijo que esto no se trata de equilibrar el presupuesto federal, ya que ese subsidio federal representa menos del .0001% del presupuesto.
Agregó que la orden del presidente es una afrenta a los derechos de la Primera Enmienda de NPR y de las emisoras de propiedad y gestión local de todo Estados Unidos para producir y emitir programas que satisfagan las necesidades de sus comunidades.
Pero también dijo que es una afrenta a los derechos de la Primera Enmienda de los oyentes y donantes de las emisoras que apoyan las noticias y la información independientes.
“Defenderemos enérgicamente nuestro derecho a proporcionar noticias esenciales, información y servicios que salvan vidas al público estadounidense. Impugnaremos esta orden ejecutiva por todos los medios a nuestro alcance“, dijo Maher.
Deanna Mackey, la gerente de la estación local KPBS dice que los fondos federales que reciben a través de CPB es un 13% de su presupuesto anual. Los cuales ayudan a pagar por programas nacionales. Añadiendo que por su mayor parte ellos dependen de donaciones privadas y miembros de la comunidad, subvenciones y patrocinios de empresas.
“Independientemente de la procedencia de los recortes y de a quién afectan, cualquier eliminación de fondos tendrá repercusiones negativas en KPBS. Confiamos en nuestras asociaciones nacionales y locales con NPR y PBS para proporcionar el contenido y los servicios esenciales que usted valora”, expresó Mackey.
