San Diego, CA – Líderes de San Diego, incluyendo el concejal Sean Elo-Rivera y la supervisora Terra Lawson-Remer, se reunieron para presentar una política integral diseñada para proteger a la comunidad migrante de la ciudad. La propuesta, titulada “Debido Proceso, Seguridad e Igualdad”, busca salvaguardar los derechos de los sandieguinos, mejorar la seguridad y erradicar el miedo que a menudo enfrentan los inmigrantes.
El concejal Sean Elo-Rivera enfatizó la necesidad de esta política, citando comportamientos preocupantes observados en el pasado.
“Hemos visto un comportamiento aterrador e inaceptable de agentes federales enmascarados operando sin órdenes judiciales, deteniendo a padres frente a sus hijos, entrando en nuestros vecindarios sin rendir cuentas. Esas acciones no reflejan la ley y el orden”, dijo Elo-Rivera.
Pedro Ríos, del Comité de Amigos, destacó la importancia de esta medida: “Es un paso importante porque se está notando que los oficiales electos están tomando una postura porque demuestra el apoyo. Son emigrantes, reiterando lo que ya es ley, pero agregándole algunos otros otras medidas más”.
Entre las medidas clave incluidas en la propuesta se encuentra la prohibición de que agentes federales ingresen a negocios o edificios de la ciudad sin una orden judicial.
Ríos explicó: “Por ejemplo, el tener letreros en lugares donde los agentes de línea pueden entrar. El obligar a que todos los contratistas con la ciudad de San Diego que tengan la misma política de no permitir a los oficiales de delegación entrar su negocio si es que no tiene una orden judicial”.
Los líderes subrayan que esta propuesta es una respuesta directa a la realidad demográfica de San Diego, donde más del 34% de los habitantes nacieron en otro país.
La supervisora Terra Lawson-Remer declaró: “Estamos aquí juntos para defender para los derechos humanos de toda la gente que vive aquí en nuestra comunidad”.
El anuncio mostró un frente unido de funcionarios de todo el condado, quienes aspiran a llevar este tipo de políticas a toda la región. El objetivo es proteger a las familias migrantes y fomentar la confianza entre la comunidad y el gobierno local. El concejal Elo-Rivera agregó que las acciones sin transparencia “reflejan el caos, el miedo, los impactos en la salud mental de nuestra comunidad, su bienestar y una falta fundamental de respeto por los derechos de las personas”.
Esta ordenanza está diseñada para no interferir con las operaciones legales de seguridad pública, sino para asegurar que la ley y el orden se mantengan con la máxima transparencia.
