Tijuana, BC – Dentro del proceso legal contra Julio César Chávez Jr., esta semana se confirmó que su defensa está encabezada por Fernando Benítez, el mismo abogado que en su momento defendió al exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, en un escandaloso caso de posesión ilegal de armas de fuego.
Conocido por su habilidad para desarticular acusaciones federales, Benítez logró que el exboxeador, hijo de la leyenda Julio César Chávez, enfrente el proceso en libertad, tras ser vinculado a proceso por presunta pertenencia a una organización delictiva.
El boxeador fue visto esta semana entrenando en un gimnasio de Hermosillo, luego de que su abogado argumentara ante el juez que no representa un riesgo de fuga, y que recién había sido deportado de Estados Unidos.
“Yo dije: A ver, ¿representa un peligro? No. ¿Se va a ir al otro lado? Pues lo acaban de deportar”, explicó el abogado Fernando Benítez, refiriéndose a la audiencia judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado declaraciones sobre la decisión del juez. La presidenta Claudia Sheinbaum fue escueta al ser cuestionada sobre el caso:
“Fue lo que decidió el juez, hasta ahí”, respondió la mandataria.
Según el defensor, la investigación contra Chávez Jr. se remonta a un operativo en Estados Unidos, donde las autoridades intervinieron a una banda dedicada al tráfico internacional de armas.
“Estados Unidos intervino una banda, hizo decomisos, metió gente a la cárcel y en colaboración le avisó a los mexicanos: ‘Hey, está pasando esto’”, detalló Benítez.
Tras ese aviso, la FGR obtuvo autorización judicial para intervenir líneas telefónicas en México. En una de esas llamadas —grabada en febrero de 2022— dos individuos no identificados mencionan a Chávez Carrasco, aunque de manera indirecta.
“No dicen dónde, no sabemos a qué se refieren… Por ahí se sabe que le puso una golpiza a uno, pero no dicen a quién, ni cuándo, ni dónde”, dijo el abogado sobre la presunta conversación.
La acusación contra Chávez Jr. no es por colaborar activamente con la organización, sino por pertenecer a ella, lo cual, según la ley mexicana, tiene una pena de dos a cuatro años de prisión, en contraste con los 20 a 40 años que se contemplan para participación directa o liderazgo en grupos delictivos.
Benítez y su equipo ya presentaron una apelación contra la vinculación a proceso y se dicen confiados en que podrían revertirla, o en caso de llegar a juicio, demostrar su inocencia.
“El juez le da el uso de la voz al final de la audiencia y dijo: ‘Investiguen lo que quieran. No hay nada. Yo estoy limpio. No tengo nada de qué preocuparme’”, relató Benítez sobre las palabras de Chávez Jr. ante el juez.
Por ahora, Julio César Chávez Jr. permanece en libertad, sujeto a medidas cautelares, mientras su caso sigue bajo investigación. La defensa insiste en que las pruebas son débiles y que el nombre del boxeador fue mencionado sin contexto ni sustento.
El caso promete seguir generando polémica, no solo por el personaje central, sino por el estilo y trayectoria del abogado que ahora lo representa.
