San Diego, CA – “Los aranceles ilegales del presidente Trump están sembrando el caos en las familias, las empresas y nuestra economía de California, impulsando el alza de los precios y amenazando los empleos”, fueron las palabras del gobernador Gavin Newsom tras presentar una demanda contra el Gobierno Federal.
El gobernador Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, presentaron una demanda ante un tribunal federal para impugnar el uso de “poderes de emergencia” del presidente Donald Trump para imponer aranceles de amplio alcance. Los funcionarios consideran que esto “perjudica a los estados, consumidores y empresas”.
Según un comunicado emitido por la Oficina de Prensa del Gobernador Newsom, la demanda considera que el presidente Trump no tiene la suficiente autoridad para la imposición de aranceles de este tipo a través de la “Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional” (IEEPA, por sus siglas en inglés).
Ambos funcionarios estatales consideraron que “los aranceles habrían interrumpido las cadenas de suministro, aumentado costos y causando miles de millones de dólares en daños a la economía de California”.
La demanda solicita al tribunal que declare nulos los aranceles impuestos por el presidente Trump y prohíba su implementación. Específicamente, hace mención a los aranceles destinados a China, Canadá y México.
Sin embargo, es importante clarificar que varios de los aranceles que ha anunciado la Administración Trump recién entraron en vigor y no han afectado a productos incluídos en el T-MEC.
“Como la quinta economía más grande del mundo, California entiende que la política comercial global no es un simple juego. Los californianos se preparan para las consecuencias del impacto de las decisiones del presidente —desde los agricultores del Valle Central hasta las pequeñas empresas de Sacramento y las familias preocupadas en la mesa de la cocina—”, declaró el fiscal Bonta.
Cabe recordar que la IEEPA, promulgada en 1977, otorga al presidente en funciones la autoridad para tomar ciertas medidas si declara una emergencia nacional en respuesta a una amenaza extranjera a la seguridad nacional, la política exterior o la economía. Aunque esta sería la primera vez que un mandatario recurre a esta ley para imponer aranceles.
Aún no está claro si esta demanda tendrá algún efecto sustancial ante el tribunal.
