San Diego, CA — La Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego informó que alrededor de 2 millones de dólares en pagos de restitución permanecen sin ser reclamados y pertenecen a víctimas de delitos cuyas identidades o datos de contacto no han podido ser confirmados.
De acuerdo con la Fiscalía, cuando un juez ordena a una persona condenada pagar restitución, ese dinero pertenece legalmente a la víctima. Sin embargo, en miles de casos los fondos permanecen retenidos porque las autoridades no han logrado localizar a los beneficiarios o porque existen errores en la documentación judicial.
“Desafortunadamente, hay miles de víctimas aquí en el condado de San Diego que aún no han podido recuperar ese dinero y quizá ni siquiera saben que está disponible, porque han pasado muchos años desde que se cerró el caso”, dijo Barbara Medina Coverde, portavoz de la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego.
La restitución puede cubrir pérdidas económicas derivadas de distintos tipos de delitos, incluidos daños a la propiedad, fraude, lesiones físicas y gastos de terapia, entre otros.
“Hay casos de daños a la propiedad, casos de fraude, pero cualquier víctima puede ser elegible para recibir restitución, por ejemplo, por gastos derivados de lesiones físicas, terapia y ese tipo de necesidades”, explicó Medina Coverde.
Con el objetivo de ayudar a las víctimas a recuperar esos recursos, la Fiscalía creó en 2018 el Equipo de Recuperación de Restitución. En 2024, la oficina inició un proyecto conjunto con el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California para identificar a las víctimas cuyos pagos permanecen pendientes.
“Son 6,600 casos con víctimas que aún no han podido ser identificadas. Incluso puede haber más de una víctima en cada caso”, señaló Medina Coverde.
Uno de los principales obstáculos es que muchas órdenes judiciales contienen información incompleta o incorrecta.
“En ocasiones las órdenes judiciales no están completamente llenadas. Puede faltar el apellido de la víctima y, en algunos casos, incluso su nombre. Entonces debemos corregir o enmendar la orden”, explicó Lupe Herrera, asistente legal del Equipo de Recuperación de Restitución.
La Fiscalía enfatizó que los recursos provienen de los pagos realizados por las personas condenadas, conforme a las órdenes emitidas por un juez.
“Este dinero proviene de las mismas personas encarceladas o de quienes fueron procesadas y están cumpliendo con la orden de restitución emitida por el juez”, dijo Medina Coverde.
Algunos de los expedientes que revisa el equipo especializado tienen más de tres décadas de antigüedad, lo que dificulta aún más la localización de las víctimas.
“Estamos revisando poco a poco esa lista para obtener toda la información posible y determinar quiénes son las víctimas correctas”, afirmó la fiscal adjunta Clara Chen.
Para la Fiscalía, el esfuerzo representa una parte fundamental del proceso de justicia para las víctimas.
“La justicia no termina cuando se dicta una sentencia; continúa hasta que las víctimas reciben el dinero que les corresponde”, concluyó Medina Coverde.
La Fiscalía de Distrito exhortó a cualquier persona que crea tener derecho a una restitución por un caso penal ocurrido años atrás a comunicarse con el Equipo de Recuperación de Restitución al (619) 531-3517 para verificar si existe un pago pendiente.
