El Cajon, CA – El alcalde de El Cajón, Bill Wells, emitió este un comunicado en respuesta a la demanda presentada por el fiscal general de California, Rob Bonta, calificándola como una “represalia política contra una ciudad conservadora”.
La demanda, presentada el viernes en la Corte Superior de San Diego, acusa al Ayuntamiento de El Cajón de violar la ley estatal al compartir datos recolectados por lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) con agencias policiales federales y cuerpos de seguridad en más de veinte estados del país. Según la oficina del fiscal general, estas acciones contravienen la Ley del Senado 34, promulgada en 2015, que prohíbe este tipo de intercambio con agencias fuera de California.
“Seamos claros: Esto no es más que una maniobra política y un intento de intimidar a una ciudad conservadora por priorizar la seguridad pública”, declaró el alcalde Wells. “Sacramento lleva años buscando formas de castigar a ciudades como la nuestra por no alinearnos con su ideología. Han optado por la política antes que por la gente”.
Wells defendió la decisión del Departamento de Policía local, insistiendo en que el intercambio de información con agencias confiables es fundamental para combatir el crimen y proteger a los residentes. “No pediremos disculpas por colaborar con quienes nos ayudan a capturar criminales y prevenir delitos”, agregó.
La demanda también menciona como demandados al Departamento de Policía de El Cajón y a su jefe, Jeremiah Larson. Según el fiscal general, al momento de presentarse la demanda, la policía local compartía datos de ALPR con agencias en al menos 26 estados, incluidos Texas, Florida, Arizona y Georgia, entre otros.
En su comunicado, Bonta expresó su preocupación por el uso de estos datos, señalando posibles riesgos para la privacidad de los ciudadanos, especialmente migrantes, mujeres que viajan al estado en busca de servicios de salud reproductiva, y manifestantes.
Wells rechazó esos argumentos y criticó la gestión estatal de temas como la criminalidad y la falta de vivienda. “En lugar de atacar a las ciudades que hacen su trabajo, el fiscal general debería enfocarse en la creciente ola de crimen, indigencia y desorden que azota a nuestro estado”, concluyó.
