Tijuana, BC – El interés superior del menor, consagrado en la Constitución de México, obliga a autoridades y particulares a priorizar siempre el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, un grupo de madres denunció que en los juzgados familiares de Baja California este principio no se cumple.
Todas las decisiones judiciales, administrativas y de política pública deben anteponer el interés superior de la niñez y el respeto a sus derechos. No obstante, este grupo de madres asegura que no siempre ocurre así en los juzgados de lo familiar.
“Donde nuestros derechos son atropellados, donde quieren que nos callemos, donde las personas que deberían velar por la seguridad de las menores hacen caso omiso”, comentó Marlene Padilla, madre de Arantza.
En 2018, Marlene denunció a su esposo por abuso sexual contra su hija Arantza, quien entonces tenía apenas tres años. Han pasado siete años, ahora la niña tiene 10, pero no ha logrado evitar que conviva con quien ella identifica como su agresor, ya que hasta la fecha no se ha resuelto el proceso legal por la custodia y la patria potestad. Por el contrario, un juez la obliga a convivir con su padre.
“No es un debate de poder, no es quién puede más, ni ejercer autoridad sobre la niña; mi único fin es que mi hija viva plena, feliz, resguardada y que realmente sane. Son siete años en los que aquí no velan por ella ni dicen ya basta, que cese todo este abuso. A ella le gusta ir a las marchas porque dice que no quiere que otra niña pase lo mismo. Eso es lo que me inspira, porque es una niña muy valiente que me enseña a no quedarme callada”, mencionó Marlene Padilla.
El colectivo CESODI, una organización civil independiente que brinda acompañamiento psicológico, legal y social a madres y menores que enfrentan violencia, advirtió que no resolver estos asuntos familiares constituye violencia institucional y revictimización.
“Haremos el señalamiento de las personas involucradas, tanto de actuarios como de jueces y secretarios de acuerdo, porque ya no volverán a contar con la comodidad de nuestro silencio. Nos han quitado a nuestros hijos y nos han quitado todo”, dijo Samanta Sesma, del Colectivo CESODI.
De acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo de la Infancia y el INEGI, se estima que en Baja California más de 940 mil menores —cerca del 25 % de la infancia estatal— han estado involucrados en procesos judiciales relacionados con situaciones de violencia.
Asimismo, se han reportado al menos 800 mujeres víctimas de violencia vicaria, es decir, cuando los hijos son utilizados como herramienta para dañar emocional o psicológicamente. Sin embargo, hasta abril de 2024 solo un caso había sido vinculado a proceso.
