San Diego, CA – Con el fin de compensar los recortes federales a los servicios de salud provenientes de Washington, este martes se presenta nuevamente una propuesta para acceder a las reservas del Condado de San Diego.
La presidenta de la Junta de Supervisores, Terra Lawson-Remer, y la vicepresidenta Mónica Montgomery Steppe renovarán en la reunión de las 9:00 a.m. su iniciativa para utilizar las reservas del Condado y proteger a los ciudadanos de los recortes del programa de atención médica y asistencia alimentaria de la Administración Trump. Los funcionarios estiman que la Ley “One Big Beautiful Bill Act” del presidente Donald Trump, aprobada por el Congreso este año, le costará al Condado más de $300 millones anuales en tarifas adicionales o pérdida de ingresos.
La propuesta busca modificar la política de reservas del Condado de San Diego en dos aspectos: Reducir el objetivo de reserva de $973 millones a $945 millones al calcular solo dos meses de gastos operativos, y reconocer todas las reservas controladas localmente, no solo los fondos “no asignados”. Estos cambios liberarían aproximadamente $380 millones en “reservas flexibles controladas por la Junta” para estabilizar servicios ante recortes federales o estatales durante los próximos cuatro años fiscales.
Según Lawson-Remer y Montgomery Steppe, casi 400,000 habitantes de San Diego corren el riesgo de perder atención médica y 100,000 podrían perder asistencia alimentaria.
“No podemos permitir que San Diego sea arrastrado a una tormenta fiscal por Washington“, declaró Lawson-Remer.
Una propuesta casi idéntica falló en abril por un voto de 2-1-1, pero la elección especial de julio que llevó a la demócrata Paloma Aguirre al escaño vacante de Nora Vargas ha cambiado la dinámica política. El supervisor Jim Desmond, quien votó en contra anteriormente, mantiene su oposición argumentando que “desbloquear cientos de millones hoy podría sonar bien en el papel, pero mañana nos deja vulnerables”.
La nueva propuesta incluye salvaguardas que limitan el acceso a las reservas solo en tiempos económicos difíciles y requiere un voto adicional de la Junta, con no más del 25% de las reservas recién disponibles accesibles en un solo año fiscal.
*Con información de CNS.
