San Diego, CA – El Condado de San Diego ha anunciado la finalización de reformas no monetarias derivadas del acuerdo en el caso “The Estate of Elisa Serna, et al. v. County of San Diego”. Estos cambios, que incluyen programas de capacitación y actualizaciones de políticas, buscan mejorar la atención en las cárceles del condado.
Elisa Serna, de 24 años, falleció bajo custodia en la cárcel de Las Colinas, en el condado de San Diego. Según su familia, a pesar de mostrar signos de una emergencia médica, fue ignorada hasta el último momento. Paloma Serna, madre de Elisa, declaró: “Fue arrestada el 6 de noviembre de 2019 y estuvo bajo custodia durante cinco días antes de morir”.
Elisa, quien padecía problemas de salud y enfermedades crónicas, sufrió una caída en su celda y permaneció inconsciente por varios minutos antes de recibir ayuda médica. Un informe del condado señala que el personal no actuó con la urgencia necesaria.
Después de años de presión por parte de la familia, el Condado de San Diego anunció este mes la implementación de nuevos entrenamientos para el personal, actualización de protocolos médicos, y un mayor monitoreo y supervisión interna, todo como parte del acuerdo no monetario de la demanda presentada por la familia Serna.
Paloma Serna expresó su preocupación: “Es alarmante que la alguacil, Kelly Martínez y el Condado de San Diego no actuaran con urgencia para implementar cambios y capacitar a su personal, ya que la gente está muriendo”.
Sin embargo, para activistas como Yusef Miller, director ejecutivo de Saving Lives in Custody, los cambios no son suficientes. Miller señala que, solo en lo que va del año, cinco personas han muerto bajo custodia en las cárceles del condado. “No solo queremos llorar, gritar y quejarnos por lo que está mal. También queremos celebrar los cambios. Pero, ¿estos cambios son suficientes?”, cuestionó Miller.
Los activistas exigen que las autoridades del condado muestren resultados concretos y que las nuevas medidas se apliquen de forma efectiva, no solo queden en promesas o documentos. Además, demandan una investigación independiente sobre las muertes bajo custodia y la cancelación del contrato con Wellpath, la empresa privada encargada de los servicios médicos en las cárceles, a quien acusan de negligencia repetida.
