Tijuana, BC – La violencia golpea de nuevo a las familias buscadoras de Baja California. En San Felipe, un joven de 18 años, Abel Roberto, nieto de la reconocida activista Patricia Orozco, fue asesinado a balazos en la vía pública. El crimen reaviva la preocupación por la seguridad de quienes lideran la búsqueda de personas desaparecidas y cuestiona la efectividad de las medidas de protección estatales.
Patricia Orozco se transformó en madre buscadora hace tres años, tras la desaparición de su hijo Berzavi. Desde entonces, fundó el colectivo “Tu madre sigue en la lucha Birzavi Román” en San Felipe, un municipio marcado por la ausencia de acciones oficiales para localizar a los desaparecidos. Su valentía la llevó a encabezar búsquedas en el desierto, pese al miedo que paralizaba a otras familias.
“En San Felipe nadie buscaba, todos tenían miedo, había muchos desaparecidos y ninguna familia tenía el valor de salir a buscar a su ser querido”, recordó Angélica Ramírez, integrante de “Una Nación Buscándote”.
La labor de Patricia no ha estado exenta de riesgos. En junio pasado, denunció públicamente haber recibido amenazas que la obligaron a abandonar temporalmente Baja California. Aún así, regresó para continuar con su labor.
El regreso a San Felipe no trajo tranquilidad. La noche del 8 de septiembre, su nieto Abel Roberto fue atacado con cuatro disparos. El homicidio desató el temor de la activista, quien, según testigos, pasó la noche sin dormir, reforzando su seguridad con alarmas y cámaras.
“Ella tuvo que autoprotegerse, puso alarmas, cámaras de seguridad, no pudo dormir esperando a que fueran a ella a matarla o a su hija”, relató Angélica Ramírez.
La tragedia no solo enluta a la familia, sino que plantea preguntas urgentes sobre la responsabilidad de las autoridades en garantizar la seguridad de quienes defienden derechos humanos.
Desde 2022, Baja California cuenta con un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. En teoría, este instrumento permite implementar medidas urgentes para salvaguardar la vida de quienes enfrentan amenazas relacionadas con su labor. Sin embargo, su funcionamiento ha sido objeto de críticas.
Carla Rodríguez Aguilar, directora de Atención a Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, explicó que sí hubo acercamientos con Patricia, aunque no abundó en detalles.
“En algún momento tuvimos conocimiento que ella tenía una situación de riesgo, hace algunos meses, en algún momento se tuvo acercamiento con ella, pero no podemos brindar mayor atención, mayor información”, dijo Rodríguez Aguilar.
Por su parte, Melva Olvera, subsecretaria de Derechos Humanos de Baja California, subrayó que para acceder a este mecanismo es necesario que la persona acepte entrar en un protocolo formal.
“La persona que considera que está en riesgo por su labor debe aceptar contar con medidas y entrar en una dinámica de un protocolo”, acotó Olvera.
En el caso de Patricia, aseguran las autoridades, no se cumplieron todos los requerimientos.
Tras el asesinato, varios colectivos de búsqueda firmaron un pronunciamiento para exigir a las autoridades una investigación exhaustiva que esclarezca las causas del crimen y castigue a los responsables. Hasta el momento, no hay detenidos.
El caso de Abel Roberto se suma a la larga lista de víctimas de la violencia en Baja California, donde la labor de las madres buscadoras enfrenta amenazas constantes. Para ellas, la justicia sigue siendo una deuda pendiente, y el asesinato de este joven evidencia la vulnerabilidad de quienes, además de cargar con la ausencia de un ser querido, se ven forzadas a luchar contra la impunidad.
