San Diego, CA — Una corte federal en San Diego emitió una orden de restricción temporal que suspende la aplicación de una controversial medida del Gobierno Federal que obligaba a negocios de servicios monetarios ubicados en ciertos códigos postales fronterizos a reportar todas las transacciones en efectivo mayores a $200.
La decisión es resultado de una demanda presentada por Esperanza Gómez, una comerciante local, quien alegó que la orden afectaba de manera directa no solo a su negocio, sino también a otros pequeños comercios de los condados de San Diego e Imperial. La demanda fue interpuesta con el respaldo del Instituto para la Justicia.
“Muy feliz de que nos va a dejar seguir operando sin estas restricciones. Y no solamente para mí, para todos los negocios que hemos sido afectados”, expresó Esperanza Gómez al salir del tribunal.
Según la comerciante, las nuevas reglas generaban desconfianza entre sus clientes, al exigirles entregar información confidencial como fecha de nacimiento, domicilio o número de Seguro Social. Esta situación habría causado una caída de hasta el 60% en las ganancias de su negocio solo en la última semana.
“Mayormente la gente no quiere proveer su información muy privada y eso era comprensible. Por eso venimos a esta medida, porque era injusto”, señaló Gómez.
El Instituto para la Justicia sostiene que esta política, impulsada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), convierte a los negocios en agentes de vigilancia del gobierno sin base legal, y que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, la cual protege contra registros irrazonables.
“Estamos muy contentos con la orden y no solo porque pone en pausa la regla, sino porque la detiene para Esperanza y para todos los negocios en los condados de San Diego y el condado Imperial”, explicó Katrin Márquez, abogada del Instituto para la Justicia.
La orden judicial estará vigente hasta el próximo 20 de mayo. El equipo legal que representa a Gómez ya anunció que solicitará un mandamiento preliminar para mantener la suspensión mientras avanza el litigio.
La orden federal afecta a negocios ubicados en 30 códigos postales de California y Texas, principalmente en zonas cercanas a la frontera, y repercute directamente en comercios que brindan servicios esenciales como cambio de cheques, envíos de dinero y giros postales, especialmente para comunidades trabajadoras que no cuentan con acceso a servicios bancarios tradicionales.
