IMPERIAL BEACH – El Consejo Municipal de Imperial Beach aprobó una ordenanza que busca mitigar el impacto de los desalojos sin causa, permitiendo que los inquilinos reciban asistencia económica si son obligados a dejar sus hogares debido a remodelaciones. Sin embargo, la decisión ha generado críticas por parte de la comunidad y organizaciones locales.
La medida incluye un mes de ayuda económica equivalente al alquiler actual y otro mes basado en el precio del mercado. Aunque la intención es apoyar a los inquilinos afectados, organizaciones como ACCE San Diego consideran que estas protecciones son insuficientes y no resuelven el problema de raíz.
“Todavía van a dejar que corran a la gente para remodelar. Están ofreciendo que los dueños les paguen un mes adicional a los inquilinos, pero todos sabemos que la renta está demasiado cara y eso no es suficiente para encontrar un nuevo lugar donde vivir,” expresó un residente afectado.
La lucha de los inquilinos
Decenas de familias en complejos como Hawaiian Gardens y The Swell enfrentan desalojos por remodelación, lo que ha llevado a muchas de ellas a situaciones de inestabilidad financiera y emocional. Una residente compartió su experiencia: “En 2022 sufrimos esto en carne propia. Nos desalojaron por una tubería rota en nuestra casa. Perdimos muchos muebles, tuvimos que vivir en un hotel por dos meses y pagamos $8,000 para poder mudarnos. Esto es algo que muchas familias están viviendo ahora.”
La postura de ACCE San Diego
ACCE San Diego ha insistido durante meses en que Imperial Beach debe implementar leyes más estrictas, similares a las de otras ciudades de California, que prohíban los desalojos por remodelación. La organización sostiene que la nueva ordenanza protege más a los propietarios que a los inquilinos.
“Más del 70% de los residentes de Imperial Beach son inquilinos. Necesitamos una ley que realmente los proteja, no que permita que las familias trabajadoras terminen en la calle para que los dueños puedan remodelar y subir la renta,” declaró un miembro de ACCE.
Con la ordenanza ya aprobada, los residentes y organizaciones comunitarias esperan que el Consejo Municipal reconsidere las demandas de quienes están en riesgo de perder sus hogares. Mientras tanto, las familias afectadas deberán enfrentar el reto de encontrar un nuevo lugar para vivir en un mercado donde las rentas continúan disparándose.
