San Diego, CA – Un juez federal ha bloqueado un intento del presidente Donald Trump de recortar fondos a 34 ciudades y condados considerados “santuarios”, entre ellos San Diego, que limitan su cooperación con las autoridades migratorias.
La decisión judicial es vista como un triunfo para comunidades inmigrantes, ya que garantiza que millones de dólares en recursos federales para seguridad pública, salud y educación continúen fluyendo hacia las localidades afectadas.
Pedro Ríos, director del Comité de Amigos, celebró el fallo.
“Es un avance bastante importante en las cortes, donde un juez reconoce que los métodos del presidente Trump de tratar de retener o quitarle fondos federales a las jurisdicciones, por mantener políticas que se llaman santuarios, es ilegal”, dijo Ríos.
El juez determinó que el gobierno no puede imponer nuevas condiciones a fondos que ya fueron aprobados por el Congreso. Según el abogado constitucionalista Rafael Peñalver, esta medida buscaba presionar de manera indebida a las autoridades locales.
“Que ahora les digan que para recibir esos fondos tienen que poner su cuerpo policial bajo las órdenes del presidente a través de la Agencia… Eso es inconstitucional”, acotó Peñalver.
La decisión también frena sanciones a gobiernos locales que han decidido no colaborar plenamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la detención de migrantes indocumentados. Peñalver advirtió que el país enfrenta cambios preocupantes.
“Estamos viendo un cambio radical en lo que es el estado policial en Estados Unidos… Se está creando un ejército privado bajo el control del presidente Trump”, acotó Peñalver.
Para líderes comunitarios, este fallo representa un respiro en medio de lo que consideran una campaña de ataques contra los migrantes.
“Esto representa una campaña de ataque por parte de esta Administración contra todas las personas migrantes y sus familias. Aquí solamente la situación va a empeorar porque estamos viendo que hay más personas que van a ser parte de estos equipos de migración”, agregó Pedro Ríos.
Aunque este fallo judicial abre un espacio de esperanza para miles de familias en San Diego y otras ciudades santuario, expertos advierten que la batalla legal podría continuar en cortes superiores. Por ahora, la decisión envía un mensaje de apoyo a la comunidad migrante en medio de un panorama de incertidumbre.
