San Diego, CA – En una acción legal conjunta, el fiscal general de California, Rob Bonta, junto a representantes de otros 23 estados, presentó una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump, acusándola de retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos federales destinados a programas educativos.
De acuerdo con la demanda, el Gobierno Federal ha bloqueado 6.8 mil millones de dólares ya autorizados por el Congreso para programas extracurriculares, de verano, apoyo escolar, capacitación docente y asistencia para estudiantes que aprenden inglés. En California, el monto congelado supera los 900 millones de dólares, y el condado de San Diego podría perder hasta 50 millones, según cifras preliminares.
La posible pérdida de fondos afecta de forma directa a miles de estudiantes y sus familias, especialmente dentro de comunidades inmigrantes que dependen de estos programas para el desarrollo académico y social de sus hijos.
“Sin duda que no me gustaría que pasara, pero si ya está pasando, hay que hacer algo”, expresó Estefany Meza, madre de familia preocupada por el impacto en la educación de sus hijos.
El Distrito Escolar Unificado de San Diego, el segundo más grande del estado, alertó que, de mantenerse la congelación, podrían perderse más de $13 millones en financiamiento vital.
“Es inmoral que la financiación vital para la educación esté en riesgo. La educación es un derecho que todo niño merece”, expresó el distrito en un comunicado enviado a Noticias Univision San Diego. También aseguraron que ya trabajan en un plan de contingencia ante un posible escenario sin estos fondos.
El fiscal general, Rob Bonta, aseguró que la demanda busca que el tribunal ordene la liberación inmediata de los fondos.
“Con esta demanda, mis colegas y yo pedimos al tribunal que detenga inmediatamente cualquier intento de retener o retrasar esta financiación”, afirmó Bonta.
La Administración Trump ha justificado la congelación argumentando que los fondos federales deben destinarse exclusivamente a ciudadanos, residentes permanentes y personas con estatus migratorio legal. Sin embargo, críticos califican esta acción como una “medida discriminatoria” que pone en riesgo el acceso a la educación de miles de menores en todo el país.
Nancy Bartels, maestra de inglés en Southwestern College, también manifestó su preocupación.
“¿Ellos quieren que hablen inglés, que tengan mejores trabajos y sean más educados? Entonces, ¿por qué les están quitando la ayuda que necesitan para progresar en su educación?”, precisa.
Los 23 estados firmantes de la demanda argumentan que la retención de estos fondos viola la Constitución al ignorar lo aprobado por el Congreso. Además, advierten que esta decisión podría tener consecuencias a largo plazo, afectando la equidad educativa en todo el país.
Mientras tanto, cientos de familias en San Diego esperan respuestas, temiendo que sus hijos se queden sin actividades educativas este verano y sin acceso a programas fundamentales para su desarrollo académico.
