San Diego, CA — Un concejal de la ciudad y activistas comunitarios exigieron esta semana mayor transparencia al Departamento de Policía de San Diego (SDPD), al acusar a la corporación de no informar adecuadamente al público cuando sus agentes acuden a escenas o intervienen en operativos de control migratorio junto a agencias federales.
El concejal Sean Elo-Rivera hizo públicas las notificaciones formalmente enviadas a su oficina sobre las intervenciones del SDPD en operativos federales de inmigración. Según el edil, el departamento ha mantenido en la sombra al público en general sobre este tipo de acciones, lo que genera desconfianza en los vecindarios.
“No es una petición irrazonable, porque si los habitantes de San Diego no saben por qué suceden estas cosas ni cuándo ocurren, será mucho más difícil confiar en el departamento de policía; y no podemos sentirnos seguros si no tenemos esa confianza”, afirmó el concejal Elo-Rivera.
Bajo la Ordenanza de Debido Proceso y Seguridad de San Diego (DPSO, por sus siglas en inglés), cuando la policía responde a llamadas de servicio relacionadas con la aplicación de la ley federal, la jefatura debe notificar al Concejo Municipal en un plazo no mayor a tres días hábiles. Sin embargo, Elo-Rivera sostiene que la distribución de dicha información no ha sido equitativa ni pública.
“Lo que sabemos es que a nuestra oficina le han informado sobre algunos incidentes y a otras oficinas no les han dicho nada, mientras que a unas cuantas les han informado sobre otros. Pero al público no se le ha informado de ninguno de ellos”, aseveró Elo-Rivera.
Ante esta situación, el concejal impulsó una petición dirigida al jefe de la policía, Scott Wahl, para que cumpla rigurosamente con la normativa y publique en la web los reportes que exige la ordenanza municipal.
El concejal reveló que ha llevado esta preocupación a la jefatura durante más de un año sin obtener los resultados esperados.
“Durante quince meses he estado hablando con el jefe sobre la importancia de comunicarle al público lo que está pasando y por qué el departamento se está presentando, y él me ha dicho que el tema es controversial y que no quiere verse involucrado en una controversia política”, señaló el concejal.
Elo-Rivera cuestionó la postura del departamento al señalar una aparente contradicción, destacando que los mandos policiales no dudaron en acudir activamente ante los medios de comunicación para defender la red de cámaras lectoras de placas metálicas (Flock), incluso tras el voto unánime del Comité de Presupuesto para rescindir dicho contrato.
“Así que no tienen problema en opinar sobre ese tema controversial, pero guardan silencio cuando se trata de la aterrorización de nuestras comunidades por parte de ICE”, recriminó el edil.
Por su parte, el Departamento de Policía de San Diego aseguró en un comunicado enviado por correo electrónico que cumple con la ordenanza notificando a los concejales y a la Alcaldía cuando responden a investigaciones sobre presuntos delitos donde se evalúen características protegidas, como el estatus migratorio. Asimismo, indicaron que solicitan la información correspondiente a las agencias federales.
La corporación reconoció que sus oficiales también son requeridos en llamadas para mantener la seguridad y reducir tensiones cuando surgen disputas entre agentes federales y la población, aun si el hecho no deriva en una investigación formal. En esos casos, aunque la ley no los obliga formalmente a emitir un reporte bajo la DPSO, afirman que envían avisos a los concejales del área afectada.
Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes contradicen la versión policial.
“Parte de nuestro esfuerzo es documentar precisamente estos casos. Y tenemos evidencia clara”, sostuvo Benjamín Prado, representante de la organización Unión del Barrio.
Activistas locales afirman que la presencia policial durante estas intervenciones no genera tranquilidad en las vecindades, sino que termina facilitando el despliegue de las agencias de inmigración.
“Nosotros hemos visto que llegan para aumentar la seguridad para las agencias migratorias en los operativos donde se están llevando a cabo detenciones arbitrarias, donde ha habido violación de derechos constitucionales y, por lo tanto, son una fuerza auxiliar al Departamento de Seguridad Nacional”, agregó Prado.
Para consultar o firmar la petición ciudadana impulsada por el concejal Elo-Rivera, se puede acceder a través del enlace de la iniciativa en Action Network.
