(San Diego) Esta mañana, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó una propuesta que busca restringir el uso de recursos del condado para colaborar con las autoridades federales de inmigración (ICE). Esta medida ha generado reacciones encontradas en la comunidad.
Con tres votos a favor y uno en contra, la nueva política fue impulsada por la presidenta de la Junta de Supervisores, Nora Vargas, quien aseguró que la iniciativa está diseñada para proteger a las familias inmigrantes y priorizar las necesidades locales. Vargas enfatizó que esta medida no interferirá con investigaciones criminales. “Esta política no interfiere con la investigación criminal de un caso,” aseguró Vargas durante la sesión.
El objetivo, según la supervisora, es garantizar que los recursos del condado se utilicen para atender problemas urgentes mientras se fomenta la confianza entre las autoridades locales y las comunidades inmigrantes.
Organizaciones en defensa de los inmigrantes respaldaron la medida, destacando el impacto positivo que podría tener en las familias que enfrentan deportaciones. Roberto Vivar, del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego, señaló que estas acciones ayudan a evitar el trauma de separar a padres de sus hijos: “Cuando deportas a la madre o el padre, dejas a esa criatura sola con un familiar aquí en Estados Unidos. Tenemos que acordarnos que estamos causando un trauma.”
Sin embargo, la propuesta enfrentó una fuerte oposición, tanto dentro como fuera de la Junta. El supervisor Jim Desmond votó en contra, argumentando que esta política podría poner en peligro la seguridad pública. “Esto protege a los infractores de la deportación, permitiéndoles permanecer en nuestra comunidad donde pueden volver a causar el mismo daño,” afirmó Desmond, señalando que esta medida limitará la capacidad del condado para informar a ICE sobre inmigrantes acusados de delitos graves como robo o abuso sexual, salvo que exista una orden judicial.
La aprobación de esta política llega en un momento de tensión, especialmente ante las recientes declaraciones del presidente electo, Donald Trump, sobre deportaciones masivas. A pesar de las restricciones locales, ICE aún puede usar sus propios recursos para realizar operativos de deportación en la región.
Por su parte, el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego emitió un comunicado asegurando que seguirá cumpliendo con las leyes estatales y promoviendo la dignidad y seguridad de todos los residentes del condado.
Esta medida representa un paso importante para los defensores de los derechos de los inmigrantes, pero plantea interrogantes sobre su impacto en la seguridad pública y la relación entre las autoridades locales y federales.
