El alcalde de El Cajon, Bill Wells, ha generado controversia al respaldar públicamente la promesa del presidente electo, Donald Trump, de implementar una de las mayores deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos. Este anuncio ha sembrado incertidumbre y preocupación entre la comunidad migrante de esta ciudad al este del condado de San Diego.
Para muchos residentes, como Minerva Sánchez Camacho, esta postura es motivo de indignación: “Eso no me parece bien, porque las personas indocumentadas también tienen derechos, ya están en este país y si están aportando, es muy bueno”, expresó.
La declaración del alcalde Wells, difundida en la plataforma X (anteriormente Twitter), dejó en claro su intención de colaborar con las autoridades federales en la aplicación de políticas migratorias. Sin embargo, esto contradice la Ley de California SB-54, conocida como la “Ley del Estado Santuario”, que limita la cooperación de las agencias locales con el gobierno federal en temas migratorios.
Por su parte, Wells afirmó que El Cajon no es una ciudad santuario y que trabajará con el gobierno federal: “Haremos todo lo posible para ayudar a resolver este problema de inmigración.”
Sin embargo, su postura ha sido duramente criticada, especialmente por abogados y defensores de los derechos de los migrantes, como el abogado de inmigración, Hugo Iván Salazar, que explica que la SB-54 impone restricciones claras: “Si la ciudad de El Cajon no sigue la ley, el fiscal general de California, Rob Bonta, puede intervenir, e incluso podrían perder fondos estatales que son esenciales para su funcionamiento.”
Salazar también señaló que la colaboración indebida con autoridades federales podría poner en riesgo a los oficiales locales, quienes podrían enfrentar cargos graves y la pérdida de su pensión, algo que el alcalde Wells también mencionó como un posible conflicto.
Salazar cuestionó la postura de Wells, argumentando que debería priorizar el bienestar económico de su ciudad: “Él debería enfocarse en no morder la mano que le está dando de comer. Los fondos estatales sostienen los servicios y salarios de sus oficiales.”
La tensión entre las políticas migratorias federales y las leyes estatales continúa generando debates acalorados en comunidades como El Cajon, donde los migrantes temen por su futuro y líderes locales enfrentan dilemas éticos, políticos y legales.
Aunque se intentó contactar a la oficina del alcalde para obtener comentarios adicionales, hasta el momento no ha habido respuesta.
